Ministro Defensa se desliga de delitos en cárceles salvadoreñas

EL SALVADOR/AP — El ministro de Defensa, general David Munguía Payés, rechazó cualquier vinculación con las irregularidades que hubo dentro de las cárceles al amparo de la tregua entre pandillas y que ha llevado a la captura de uno de los principales mediadores, tres oficiales de la policía y otros 14 empleados y ex funcionarios de los centros penitenciarios.

“SI en algún momento dentro de mi función de ministro yo me hubiera dado cuenta que se hubiera cometido o que se estaba cometiendo algún ilícito inmediatamente hubiera intervenido”, manifestó en entrevista a la televisión local el miércoles por la noche. Munguía Payés era ministro de Justicia y Seguridad Pública durante la tregua (2012-2013).

Las 18 personas detenidas y tres más que continúan prófugas, serán procesadas por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penales y actos arbitrarios.

Se les acusa de permitir el ingreso de prostitutas, traslados de pandilleros de forma irregular, organizar fiestas con bailarinas hasta por cuatro días, que los cabecillas usaran vehículos de la policía para asistir a reuniones con los mediadores, y el ingreso a las cárceles de pandilleros que estaban en libertad, entre otros privilegios que violaban la ley.

El actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, informó que la mayoría de los detenidos son empleados de centros penales, muchos de ellos mujeres psicólogos y trabajadoras sociales que “seguramente seguían órdenes, de manera que compartimos lo expresado por las autoridades del ministerio público en el sentido que la investigación debe seguir hasta determinar la responsabilidad a diferentes niveles”.

Destacó que falta capturar a los que daban las órdenes.

Munguía Payés dijo desconocer “de dónde pudieron venir esas órdenes”.

El Fiscal General Douglas Meléndez declaró que en las investigaciones salen mencionados el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) y el general Munguía Payés, pero señaló que no han encontrado prueba directa o alguna persona o testigo que quiera dar información en relación a estos funcionarios. Agregó que se espera que alguna de las personas detenidas diga de quién recibió las órdenes.

Las autoridades allanaron el miércoles por la noche las oficinas de la Dirección General de Centros Penales para revisar computadoras y documentos de las tiendas institucionales de las cárceles para tratar de confirmar el destino de más de dos millones de dólares que se presume fueron usados para gastos relacionados con la tregua, logística, transporte y pagos a gente involucrada.

Según Munguía Payés, el gobierno de Funes apoyó “un proceso de pacificación” y señaló que “el señor Fiscal ha dicho que el hecho de intervenir, o mediar, o tratar de evitar un crimen o más violencia, no constituye delito”.

Munguía Payés agregó que so en el marco del proceso de pacificación se cometieron ilícitos, “eso yo no lo sé, nunca fui informado de algún ilícito que pudiera cometer algún funcionario, nunca lo reportaron”.

En la primera semana de marzo de 2012, los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha MS 13 y Barrio 18 acordaron una tregua para bajar la cifra de muertes violentas, luego que en esa época se registraban al menos 14 muertos al día. Dicho alto en las hostilidades se alcanzó con la intermediación del obispo castrense y policial, monseñor Fabio Colindres, y de Mijango un amigo cercano del militar.

Pero el ex director de centros penales, Rodolfo Garay Pineda que ocupó el cargo de 1989 a 2004 dijo que le preocupaba que Munguía Payés tratara de desligarse del caso y agregó: “puedo decir con claridad que no es posible que un director de centros penales haya ejecutado actos de tanta trascendencia sin el conocimiento y aprobación del ministro y del presidente de la República”.