La feria del condado de San Diego sigue bajo la sombra de una demanda por fraude de licitaciones
A pocas semanas de la inauguración de la feria de 2023, continúa una demanda en la que se alega falta de ética en los intentos de conceder contratos para la operación de la feria en años anteriores.
La feria del condado de San Diego comienza el 7 de junio, y mientras los organizadores de la Asociación Agrícola del Distrito 22 se centran en la restauración tras los desafíos causados por la pandemia de COVID-19, el evento de tres semanas permanece bajo la sombra de una demanda que alega que los funcionarios del distrito manipularon la concesión de un contrato para operar la popular feria.
La demanda fue interpuesta en 2021 por Talley Amusements, una empresa de ferias que sostiene que perdió un contrato potencialmente lucrativo para gestionar la feria de ese año.
Un reciente fallo del juez que supervisa la demanda rechazó un intento de los abogados del distrito de descartar el caso, concluyendo que Talley tiene pruebas suficientes para permitir que el caso siga adelante.
La demanda sostiene que Carlene Moore, directora ejecutiva del distrito, ordenó cambios en la puntuación de las propuestas de Talley y de un competidor, RCS, que acabaron convirtiendo a RCS en ganador del contrato. Aunque la feria no se celebró a causa de la pandemia, el distrito adjudicó posteriormente a RCS un contrato para gestionar la feria de 2022.
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Talley alega que era el adjudicatario legítimo del contrato de 2021 y que, al tratarse de un contrato de cinco años, debería tener ahora los derechos de la feria. También sostiene que los requisitos para optar al contrato de la feria de 2022 estaban sesgados a favor de RCS.
Aunque la feria del año pasado transcurrió sin contratiempos y los preparativos para el evento temático Get Out There de este año han ido avanzando, la demanda no ha desaparecido.
En marzo, el juez Kenneth Medel, del Tribunal Superior de San Diego, dictó una sentencia en la que se negaba a desestimar el caso, como habían solicitado los abogados del distrito, y también afirmaba que Moore y otra ejecutiva, Melinda Carmichael, podían ser demandadas individualmente por fraude e interferencia contractual.
Tristan Hallman, el jefe de comunicaciones del distrito, dijo en un correo electrónico que el fallo de Medel no abordó ninguna prueba en el caso y señaló que el juez también descartó algunas demandas contra el distrito de Talley.
“El Distrito y su junta, que ha hecho su trabajo de diligencia debida en este asunto, creen que esta demanda carece totalmente de mérito”, escribió. “Para ser francos, las alegaciones son palabrería, y estamos deseando presentar nuestra defensa y pruebas en el juicio”.
John Moot, abogado de Talley, acogió con satisfacción la última sentencia de Medel.
“La sentencia del tribunal significa que los intentos del Distrito de que se desestimara el caso fracasaron y Carlene Moore y Melinda Carmichael pueden ser consideradas personalmente responsables de interferir en el contrato que Talley ganó por tener la puntuación más alta y la mejor oferta antes de que cambiaran las puntuaciones no una sino dos veces, como testificaron el gerente de contratos y el analista de contratos del Distrito”, escribió en un correo electrónico.
Apenas dos días después de la sentencia de Medel, la junta directiva del distrito, después de reunirse en una sesión a puerta cerrada, dio a Moore un aumento, aumentando su salario 2022 con carácter retroactivo en un 4.65 % y concediéndole un aumento del 2.7 % para 2023. Hallman dijo que los aumentos coinciden con los paquetes salariales para alguien con su experiencia, y que Moore “se ha desempeñado excepcionalmente bien en condiciones muy difíciles desde que se unió al Distrito justo antes de que la pandemia llegara”.
El distrito ha combatido fuertemente la demanda, alegando que se trata de un contrato que nunca se adjudicó. También han argumentado que a los funcionarios de la feria les preocupaba que la propuesta de Talley se saliera de la norma de las ofertas y que fuera un intento de hacer una oferta tan tentadora que equivaliera a un esfuerzo por “comprar” el contrato. También han dicho que Moore no hizo nada indebido.
Las acusaciones contra ella se basan en el testimonio de dos antiguos trabajadores del distrito que declararon bajo juramento que las puntuaciones de Talley se cambiaron después de que las propuestas estuvieran abiertas y se dijera a Moore que Talley había ganado.
El año pasado, pocas semanas antes de que comenzara la feria, Medel dictaminó que Talley había presentado suficientes pruebas de que el proceso de puntuación del contrato para la feria de 2021 estaba viciado como para justificar una orden judicial, que bloqueó el contrato adjudicado a RCS para la feria de 2022.
En aquel momento, el distrito advirtió de que la medida judicial no solo pondría en peligro el funcionamiento de la feria, sino que podría provocar que se cancelara toda la feria. Sin embargo, a los pocos días ambas partes llegaron a un acuerdo para que RCS obtuviera el 60 % de la feria y Talley el 40 %.
El litigio se debe en gran parte a la iniciativa emprendida hace varios años por el distrito de ceder la gestión de la feria a un único operador. Durante décadas, la feria funcionó con un sistema denominado “independiente”, en el que el distrito firmaba contratos individuales con los proveedores de atracciones y los operadores de juegos.
Pero el proceso se ha visto sacudido por protestas sobre la adjudicación de contratos y acusaciones de favoritismo y manipulación de licitaciones, y el distrito aún no cuenta con un operador principal. Este año habrá de nuevo una feria independiente con más de 20 operadores independientes, según Hallman.
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