Los candidatos a la alcaldía difieren en cuanto a la delincuencia y el tamaño de la policía

Un candidato quiere hacer que el Departamento de Policía de Los Ángeles sea más grande de lo que nunca ha sido. Otro imagina un futuro en el que la segunda ciudad más grande de Estados Unidos ya no necesite a la policía. Los demás han buscado un punto intermedio.

Después del tumulto de los últimos años, no debería sorprender que la carrera para convertirse en el próximo alcalde de Los Ángeles se haya centrado en gran medida en cuestiones relacionadas con la delincuencia, la seguridad pública y la policía.

Las protestas masivas tras el asesinato de George Floyd en 2020 provocaron un intenso debate sobre el papel que debe desempeñar el Departamento de Policía en la ciudad y reavivaron la preocupación por las tácticas de mano dura de los agentes. La ciudad, por su parte, tuvo uno de sus años más mortíferos de las últimas dos décadas y ayudó a elegir a un controvertido reformista para ocupar el puesto de fiscal superior del condado.

Pero los candidatos a la alcaldía difieren sobre el camino correcto a seguir, reflejando una lucha a nivel nacional sobre cómo equilibrar la necesidad de combatir el aumento de la delincuencia con los llamamientos a reconsiderar un statu quo policial que ha afectado desproporcionadamente a las comunidades de color.

El tamaño de la policía de Los Ángeles

Aunque los llamados a “desfinanciar” los departamentos de policía tras el asesinato de Floyd por un agente de Minneapolis se desvanecieron en gran medida, los candidatos de Los Ángeles se han visto desde entonces acribillados a preguntas sobre cuántos policías son necesarios para vigilar la ciudad.

La policía de Los Ángeles cuenta con 9.352 agentes. El multimillonario promotor inmobiliario Rick Caruso ha prometido añadir 1.500 policías y aumentar la plantilla del Departamento de Policía de Los Ángeles hasta los 11.000 agentes. El número de agentes en la ciudad superó los 10.000 por primera vez en 2013 bajo el mandato del exalcalde Antonio Villaraigosa, y el plan de Caruso dotaría al departamento de más agentes de los que nunca ha tenido.

Una cosa es la promesa de hacer crecer el departamento, pero otra es alcanzar esas cifras. La semana pasada, el analista legislativo jefe de la ciudad dijo que es poco probable que el departamento tenga más de 9.500 agentes antes de junio de 2023 debido a un atasco administrativo y a las dificultades de contratación. Cuando se le preguntó cómo lograría su plan, Caruso dijo en un correo electrónico que reduciría “el tiempo que se tarda en investigar a los candidatos” y consideraría la posibilidad de ofrecer primas de contratación a los nuevos agentes.

“El fracaso de una administración en la contratación de más policías no significa que no sea posible”, dijo.

Por su parte, la diputada Karen Bass tiene un plan para contratar a 250 trabajadores civiles que se encarguen de las tareas administrativas que actualmente realizan los agentes, una reestructuración que, en su opinión, aumentaría el número de agentes disponibles para las tareas de vigilancia. En total, Bass cree que el Departamento de Policía de Los Ángeles debería tener unos 9.750 agentes.

Bass (demócrata de Los Ángeles) también ha pedido que se creen equipos de respuesta formados por trabajadores sociales, especialistas en la atención a los desamparados y médicos de salud mental para responder a determinadas situaciones en lugar de los agentes.

El concejal Kevin de León quiere cubrir los puestos del LAPD que actualmente están vacantes para que la plantilla del departamento alcance los 9.706 agentes aprobados en el presupuesto de la ciudad. También cree que los agentes de reserva del LAPD deberían tener un papel más importante como forma de reforzar las filas del departamento y, al igual que Bass, ha pedido la creación de equipos civiles de salud mental para responder a las personas en crisis, en lugar de que sean los agentes quienes lo hagan.

El empresario Mel Wilson, un candidato con muchas posibilidades, se ha hecho eco de la petición de Caruso de 11.000 agentes y ha dicho que contratará a 350 trabajadores de salud mental capacitados para ayudar a los agentes.

La activista y organizadora comunitaria Gina Viola es la única candidata que ha prometido reducir el tamaño de la policía de Los Ángeles. Ha dicho que se negará a contratar nuevos agentes y ha declarado a la emisora KPCC-FM (89.3) que impulsará la creación de academias comunitarias que enseñen a los angelinos a responder a las emergencias en sus barrios.

La lucha contra la delincuencia

En los últimos dos años, Los Ángeles ha visto un aumento significativo de la violencia. Los homicidios se dispararon un 53% de 2019 a 2021 y están en camino de aumentar de nuevo este año. El número de personas baleadas en la ciudad se disparó casi en el mismo porcentaje en esos dos años. Y aunque los delitos contra la propiedad han bajado en general desde 2019, las impactantes imágenes de los robos multitudinarios han inquietado a los angelinos.

Los tres candidatos principales en las primarias -Caruso, Bass y De León- han hecho de la reducción de los delitos con armas un pilar central de sus plataformas. Cada uno ha prometido trabajar para mantener las armas de fuego fuera de las manos de personas con antecedentes de violencia doméstica y combatir el aumento de las llamadas armas fantasma en la ciudad.

Bass ha dicho que reforzará las filas de las cuatro oficinas de homicidios de la policía de Los Ángeles, ya que el ritmo de resolución de asesinatos del departamento ha disminuido en los últimos años. Presionada por los detalles, Bass escribió en un correo electrónico que “invertirá en detectives especializados”.

También se comprometió a invertir fuertemente en el programa Community Safety Partnership del Departamento de Policía de Los Ángeles como forma de contrarrestar la arraigada desconfianza que lleva a muchos habitantes de los barrios negros a no cooperar con los detectives que investigan los asesinatos. Aunque los estudios sugieren que la iniciativa ha tenido éxito en la reducción de la delincuencia, algunos activistas la han desestimado como un mal uso del dinero que podría ser mejor para financiar programas sociales.

De León y Caruso han dicho que intentarán colaborar con otros organismos policiales para abordar algunos de los problemas de delincuencia más acuciantes de la ciudad. El concejal quiere trabajar junto a la oficina del fiscal general del estado para atacar lo que considera el aspecto de “crimen organizado” de los robos por sorpresa. Caruso quiere que los esfuerzos de la policía de Los Ángeles para hacer cumplir las leyes sobre armas se coordinen con los de la policía federal.

Caruso es el que más lejos ha llegado al describir los problemas de seguridad pública de Los Ángeles en términos casi distópicos. Durante un debate en marzo, dijo que la delincuencia estaba en su peor momento de la historia de la ciudad y que la mayoría de los angelinos tenían miedo de salir a la calle. Ambas afirmaciones son abiertamente falsas.

También ha prometido “arreglar” la Proposición 47, que redujo varios delitos graves a delitos menores, aunque no está claro cómo afectaría a una pieza de la legislación estatal como alcalde. También ha dicho que hará “obligatorio” que la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles persiga los delitos menores, algo que ya hace. Cuando se le pidió que especificara sus planes para la oficina del fiscal de la ciudad, Caruso se hizo eco de una queja común de la policía de que “con demasiada frecuencia los delincuentes que arrestan son liberados sin ser acusados”.

Experiencia en seguridad pública

Caruso fue presidente de la Comisión de Policía civil de la ciudad entre 2001 y 2005, un periodo importante en el que la comisión participó en la contratación de un nuevo jefe de policía, William Bratton, que dirigió una drástica revisión del departamento.

Caruso ha pregonado una reducción del 30% de la delincuencia general durante su mandato como presidente de la comisión, aunque estuvo ausente en casi el 40% de las reuniones de la junta en ese tiempo. Los expertos en materia policial han puesto en duda el efecto que tiene el jefe de la junta en los índices de delincuencia de la ciudad, que descendieron precipitadamente desde principios de la década de 1990 hasta principios de 2010, antes y después del mandato de Caruso.

“La Comisión de Policía es el órgano de supervisión y elaboración de políticas del Departamento de Policía de Los Ángeles”, dijo Caruso en respuesta a las preguntas sobre su decisión de atribuirse el mérito de la disminución de la delincuencia.

Bass fundó la Coalición Comunitaria, un grupo que aboga por la justicia racial en el sur de Los Ángeles, en la década de 1990 y, mientras estaba en el Congreso, trabajó en la legislación sobre justicia penal, incluida la histórica Ley de Justicia Policial George Floyd en 2020. El proyecto de ley -que habría facilitado la posibilidad de demandar a la policía por el uso innecesario de la fuerza en el trabajo y creado normas nacionales de formación para las fuerzas del orden- fue aprobado por la Cámara de Representantes y fracasó en el Senado de Estados Unidos. Bass ha prometido que intentará aplicar los elementos del proyecto de ley fracasado a nivel local.

Viola, organizadora de White People 4 Black Lives, también ha estado presente con frecuencia en las reuniones de la Comisión de Policía. Ha criticado la forma en que se celebran las reuniones, el trato que la comisión da a los activistas y lo que considera que no presiona al Departamento de Policía de Los Ángeles en lo que respecta a las medidas de responsabilidad, incluido el hecho de que el departamento casi nunca acepta las denuncias de perfil racial presentadas por el público.

Posiciones sobre las diferentes fuerzas de seguridad

El próximo alcalde tendrá que colaborar estrechamente con el fiscal del distrito y el sheriff del condado de Los Ángeles en cuestiones de seguridad pública que afectan a la región, una propuesta espinosa teniendo en cuenta quién dirige cada organismo en este momento.

El fiscal del distrito George Gascón es objeto de un proceso de destitución y se ha enfrentado a intensas críticas por sus políticas destinadas a reducir el encarcelamiento masivo, que muchos han considerado blandas con la delincuencia. El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, por su parte, se ha convertido en un pararrayos de la controversia a lo largo de sus cuatro años en el cargo, enfrentándose a acusaciones de corrupción y de haber sido lento en la lucha contra la existencia de lo que muchos han descrito como pandillas entre sus miembros.

En un debate el mes pasado, Bass fue la única candidata que declaró públicamente que se oponía a la reelección de Villanueva, quien también está en la boleta electoral en junio. Viola se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra el asediado sheriff. Caruso y De León no han querido pronunciarse.

Caruso inicialmente apoyó a Gascón - organizando una recaudación de fondos para él que incluyó una aparición del cantante John Legend en 2020 - pero cambió su apoyo a la entonces fiscal Jackie Lacey al final de la carrera. A principios de este año, Caruso apoyó el esfuerzo para destituir a Gascón de su cargo y donó 50.000 dólares a la campaña.

De León ha dicho que se opone a la destitución en principio, pero criticó el enfoque de Gascón de “todo o nada” en materia de justicia penal.

“Creciendo en un barrio donde vimos crimen y violencia - aprendí de primera mano que no vivimos en un mundo de absolutos, y la verdad es que algunas personas simplemente no deberían ser libres de vagar por nuestras comunidades”, dijo en un correo electrónico a The Times.

Bass dice que se opone al concepto de destitución, pero ha señalado en entrevistas que es necesario cambiar algunas de las políticas del fiscal. Ha sido especialmente crítica con la decisión de Gascón de permitir que un joven de 26 años acusado de agredir sexualmente a un niño sea condenado en un tribunal de menores porque el delito ocurrió cuando el acusado tenía 17 años. Bass también repitió recientemente su frustración con la decisión inicial de Gascón de no presentar mejoras en los delitos de odio, aunque él rescindió esa política hace casi 18 meses.

El redactor del Times Kevin Rector contribuyó a este informe.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí