En California hay derecho legal al aborto, pero encontrar la forma de hacerlo puede ser difícil
Conseguir un aborto puede ser difícil para las californianas que no pueden permitirse uno o que viven lejos de una clínica que ofrece el procedimiento.
Dado que Texas limitó estrictamente los abortos y legisladores de otros estados intentan seguir su ejemplo, los líderes liberales promocionan a California como un veterano bastión para el derecho a tal procedimiento.
La ley del estado establece que las personas tienen el “derecho fundamental” de elegir y poner fin a un embarazo antes de que el feto sea viable. El gobernador se comprometió a proteger ese derecho.
Pero el hecho de que el aborto tenga más protección legal en California no significa que sea de fácil acceso para todos, según los defensores de la opción reproductiva. Muchos californianos no pueden pagar el procedimiento y algunos viven demasiado lejos de las clínicas que los realizan.
Tales barreras prácticas pueden hacer que el acceso al procedimiento sea demasiado difícil para los californianos, a pesar de las garantías legales que figuran en los libros, aseguran los defensores. “No tenemos tantas leyes restrictivas”, comentó Onyemma Obiekea, analista de políticas del Proyecto de Acción de Mujeres Negras por el Bienestar, “pero debemos reconocer todos los obstáculos que la gente aún debe superar”.
‘No hay proveedores del servicio en muchas, muchas millas’
Alrededor del 40% de los condados de California no cuentan con clínicas especializadas en abortos, según la organización de políticas de salud reproductiva Guttmacher Institute, que examinó la disponibilidad en el estado en 2017. Aunque se estimó que solo una pequeña parte de las mujeres de California vivían en esos condados -un 3%- eso equivale a cientos de miles de personas.
Poco ha cambiado desde ese análisis, aseguran los expertos. “Hay grandes franjas del estado sin proveedores del servicio en muchas, muchas millas”, comentó la Dra. Ushma Upadhyay, profesora asociada del grupo de investigación Advancing New Standards in Reproductive Health de UC San Francisco. Más allá de Los Ángeles, San Diego y el Área de la Bahía, “son muy escasos”.
Pueden ser incluso más escasos para los californianos que dependen de Medi-Cal: en algunos condados, quienes buscan un proveedor de servicios de aborto que acepte el programa estatal de Medicaid han viajado más de 100 millas para acceder a uno, según un estudio de Upadhyay y otros investigadores de UC San Francisco. Para los residentes del condado de Mono, en el extremo este del estado, el viaje promedio fue de 311 millas.
Las bajas tasas de reembolso de Medi-Cal fueron una de las razones por las que Women’s Health Specialists, que administra clínicas en Redding, Chico y Grass Valley, terminaron cerrando un espacio en Sacramento hace cuatro años, según la directora ejecutiva Katrina Cantrell. Mantener abiertas las clínicas rurales se volvió más difícil debido a la caída de las tasas de aborto. Según Cantrell, el grupo enfrenta costos “exorbitantes” de seguridad en sus instalaciones, que han sido blanco de bombas incendiarias y ácido. “Nunca hubiéramos cerrado [el sitio de Sacramento] si la economía nos hubiera permitido seguir”, expresó.
‘El costo es la barrera número uno’
California requiere que las aseguradoras de salud comerciales cubran los abortos, pero muchas pacientes que buscan interrumpir un embarazo se enfrentan a un copago. “Lo que vemos una y otra vez es que el costo es la barrera número uno para la gente cuando necesitan acceder a la atención”, comentó Shannon Olivieri Hovis, directora de NARAL Pro-Choice California. Por ejemplo, detalló, las personas jóvenes, generalmente sanas que no han gastado los deducibles de su seguro, pueden enfrentar gastos significativos por un aborto.
A Laura Morehouse, abortar le costó cinco semanas de salario cuando era empleada en una tienda de conveniencia, hace una década. La mujer, que vivía en el Área de la Bahía de San Francisco en ese momento, relató que cuando fue por primera vez a una clínica local había excedido por un día el límite para que le practicaran un aborto con medicamentos, lo cual implicó como única opción un procedimiento más costoso, en un centro más lejano. “Tuve que seguir retrasándolo hasta que pudiera conseguir el dinero”, comentó Morehouse. Finalmente pagó casi $1.000 de su bolsillo por la práctica médica. “Ahora sé que habría calificado para Medi-Cal relacionado con el embarazo”, dijo. “Pero en ninguna parte del proceso me dijeron cómo solicitarlo, o qué era”.
Medi-Cal no impone tal “costo compartido” para los abortos, pero sí lo hacen las aseguradoras privadas. Para los californianos inscritos en planes de salud regulados por el estado, un aborto con medicamentos puede costar un promedio de $306 de su bolsillo, y un procedimiento quirúrgico puede ascender a $887, junto con los servicios asociados que cuestan aproximadamente $182, según un análisis del California Health Benefits Review Program.
NARAL y otros grupos que abogan por la elección reproductiva respaldaron el Proyecto de Ley del Senado 245, que busca prohibir que las aseguradoras de salud impongan deducibles, copagos u otras formas de costos compartidos a las personas que se realicen un aborto en California.
El proyecto de ley fue rechazado por grupos religiosos y activistas opositores, así como por las aseguradoras, preocupadas por los mandatos de cobertura. Se retrasó este otoño en la Legislatura, y la posible votación está demorada hasta el próximo año.
La telesalud podría ser una opción
Además del costo del aborto, muchas pacientes tienen que lidiar con el gasto y el desafío de tomarse una licencia del trabajo, viajar, encontrar un lugar para quedarse y obtener cuidado infantil, añadió Morehouse, quien ahora trabaja como consejera telefónica para Women’s Health Specialists.
“Tenemos clientes que vienen a nuestras ubicaciones de Chico y Redding desde la frontera entre Oregón y California”, expuso Morehouse. “El tiempo que les toma el viaje resulta difícil para mucha gente. Es complicado para las madres. Es difícil para los trabajadores”.
La telesalud, que tuvo un impulso durante la pandemia de COVID-19, se consideró una ampliación al acceso al aborto. Cuando una persona en el condado de Inyo busca una clínica en Abortion Finder, un sitio web que identifica a los proveedores certificados, las instalaciones más cercanas pueden estar en Bakersfield, Fresno o incluso en Las Vegas. Pero el sitio web también señala a la persona a los “proveedores virtuales” que pueden proporcionar pastillas por correo y ofrecer orientación médica por video, teléfono o mensajería digital.
Al comienzo de la pandemia, un juez federal suspendió un requisito de la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU de que la Mifepristona, un medicamento clave que se usa para terminar embarazos, se dispense en un consultorio médico, una clínica u hospital. Esa regla se restableció después de que la administración Trump apeló la decisión, pero la administración Biden la volvió a suspender en abril.
Los servicios de telesalud pueden hacer más accesible un aborto en las primeras etapas del embarazo, cuando es posible efectuarlo con medicamentos. Upadhyay consideró que, en algunos casos, los pacientes con poco tiempo disponible han podido realizar una consulta por video con un proveedor médico desde sus autos, en medio de la jornada laboral.
Sin embargo, el dinero aún puede ser un obstáculo y muchos proveedores en línea no aceptan seguros. La telesalud no es una opción para otras formas de aborto o para aquellas personas con embarazos avanzados, y es menos probable que las zonas rurales tengan acceso a internet de banda ancha para facilitar las visitas virtuales.
‘Ampliar la fuerza laboral’
Los defensores del derecho al aborto esperaban, después del fallo de Roe vs. Wade, que el aborto se “normalizara dentro de la atención médica”, señaló la profesora de obstetricia y ginecología de UC San Francisco, Carole Joffe. En cambio, la mayoría de los abortos en EE.UU se realizan en instalaciones independientes en lugar de en hospitales o clínicas comunitarias que ofrecen una gama más amplia de atención médica, señaló.
Un obstáculo para la integración del aborto en tales sitios ha sido la Enmienda Hyde, que limita drásticamente el uso de fondos federales para pagar los procedimientos. Si una clínica comunitaria recibe dinero federal, puede resultar complicado separar la facturación médica de tales prácticas de la de otros servicios, comentó la Dra. Montida Fleming, becaria de Physicians for Reproductive Health. La norma federal “obliga así a convertir el aborto a un campo aislado de la medicina”, cuando no tiene por qué serlo, enfatizó.
Algunos están tratando de abordar la escasez de proveedores rurales capacitando a médicos de familia para la atención del aborto. Tal instrucción es limitada en la escuela de medicina y en la residencia; Flor Hunt, directora ejecutiva de Capacitación en aborto temprano para la atención integral de la salud, estimó que menos del 6% de los residentes de medicina familiar son capacitados de manera rutinaria en ello.
California permite que las enfermeras practicantes y las parteras practiquen ciertas formas de aborto si están preparadas, pero los programas de enfermería no lo enseñan de manera rutinaria, agregó Monica McLemore, profesora de enfermería que también está afiliada al grupo Advancing New Standards in Reproductive Health de UC San Francisco. “Si quisieran expandir el acceso al aborto, expandirían la fuerza laboral”, reflexionó.
Incluso si los médicos rurales están capacitados y dispuestos a realizar abortos, es posible que no puedan encontrar una clínica que lo permita. Algunos hospitales con afiliaciones religiosas tienen restricciones al respecto, y los médicos que comparten un consultorio pueden encontrar que otros se oponen a realizar abortos en el sitio, o no quieren lidiar con el estigma y los riesgos de hacerlo.
Cantrell destacó que las clínicas de especialistas en salud de la mujer en ciertas áreas del norte del estado dependen de médicos viajeros. “No hemos podido retener a los especialistas locales por el temor de que en la comunidad local no haya apoyo”, dijo.
McLemore señaló que la escasez de proveedores de servicios de aborto en las zonas rurales es un síntoma de un problema más amplio. Aproximadamente un tercio de los condados rurales de California no tenían unidades obstétricas hospitalarias en 2014, según una indagación del Centro de Investigación de Salud Rural de la Universidad de Minnesota. “Ni siquiera tenemos atención médica básica en las zonas rurales”, señaló McLemore.
El redactor Sean Greene, de The Times, contribuyó con este artículo.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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