California apela el fallo judicial contra la prohibición de armas de asalto

Los Ángeles —  El estado de California presentó una apelación contra el fallo de un juez federal que anuló la prohibición estatal de armas de asalto que llevaba en función más de 30 años, anunció el fiscal general, Rob Bonta.

En el fallo, el juez federal Roger Benítez, del Tribunal de Distrito en San Diego, argumentó que la definición estatal de la prohibición de rifles ilegales de estilo militar priva a los californianos respetuosos de la ley de las armas comúnmente permitidas en la mayoría de los demás estados y por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, junto al gobernador, Gavin Newsom, Bonta calificó la opinión del juez como “inquietante” y “muy preocupante”.

Bonta reiteró que va a realizar su mayor esfuerzo por defender la prohibición establecida en 1989, resaltando que esta ley “ha salvado muchas vidas”, uno de los argumentos presentados en la apelación.

Opinó que la prohibición de las armas de asalto no pondrá fin a toda la violencia armada, pero es una herramienta importante para proteger la seguridad de los californianos.

En este sentido, Newsom recordó que la prohibición se promulgó después de un tiroteo que se cobró la vida de cinco escolares e hirió a muchos más.

“Mi administración hará lo que sea necesario para continuar protegiendo a los californianos y liderando la nación en leyes de seguridad de armas. Esta es una pelea de la que California nunca retrocederá, punto”, sentenció.

Tanto Bonta como Newsom, ambos demócratas, criticaron el hecho de que el magistrado Benítez describió el rifle AR-15 como un arma de “combinación perfecta” para la defensa nacional, y lo comparó con la efectividad de una “navaja suiza”.

“El hecho de que este juez haya comparado el AR-15, un arma de guerra que se usa en el campo de batalla, con una navaja suiza socava por completo la credibilidad de esta decisión”, dijo Newsom.

En 1989, la Legislatura de California aprobó la Ley de Control de Armas de Asalto Roberti-Roos, que clasificó marcas y modelos específicos de armas de fuego semiautomáticas como armas de asalto y prohibió la propiedad y transferencia de esas armas de fuego.

En el año 2000, entró en vigor una enmienda a la ley, que agregó una definición flexible y basada en características de las armas de asalto para evitar que los fabricantes de armas produzcan armas de fuego funcionalmente idénticas a las que están prohibidas.

En su fallo, el Tribunal de Distrito prohibió solo disposiciones específicas de la ley.

Al emitir su fallo, el juez Benítez otorgó un plazo de 30 días para que el Estado presentara la apelación, por lo que la prohibición de armas de asalto sigue en plena vigencia y efecto.