Los californianos no están convencidos de tratar a los conductores de Uber y Lyft como contratistas independientes

SACRAMENTO —  A pesar de acumular el fondo de campaña más grande en la historia de California, Uber, Lyft y otras empresas basadas en aplicaciones corren el riesgo de no convencer a los votantes en una medida electoral que les permitiría clasificar nuevamente a sus trabajadores como contratistas independientes, según demuestra una nueva encuesta de nivel estatal.

El sondeo del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley muestra que el 39% de los 5.900 votantes probables encuestados del 9 al 15 de septiembre se pondrían del lado de las empresas y votarían sí a la Proposición 22, en comparación con el 36% que respondió que optaría por el no, y el 25% que sigue aún indeciso. El margen de error de la consulta es de más/menos dos puntos.

A poco más de 40 días antes de las elecciones de noviembre, el encuestador Mark DiCamillo afirma que Uber, Lyft, Instacart, Postmates y DoorDash -que invirtieron colectivamente $180 millones de dólares en su campaña- tienen un largo camino por recorrer para ganar más del 50% de la votación, un umbral necesario para que se apruebe una medida electoral. “Entonces, es una tarea difícil para el lado del sí, pero con los recursos que tienen y el hecho de que los votantes realmente no se han decidido del todo… la cuestión aún está abierta”, remarcó DiCamillo. “Creo que nadie puede adivinar qué ocurrirá en este momento”.

La Proposición 22 es la respuesta de las empresas basadas en aplicaciones al muy debatido Proyecto de Ley 5 de la Asamblea (AB 5), una ley de 2019 que requiere que docenas de industrias clasifiquen a sus trabajadores como empleados en lugar de contratistas independientes y les brinden protecciones laborales. La norma intentaba aclarar un fallo de la Corte Suprema de California de 2018 que impuso una nueva prueba para determinar el estado laboral.

Los sindicatos argumentan que Uber, Lyft y otras compañías eludían la ley y que la AB 5 era necesaria para exigir a las empresas la correcta clasificación de casi 500.000 trabajadores en California que, según las auditorías estatales, habían sido incorrectamente considerados como contratistas independientes. La AB 5 les da acceso a compensación para empleados, licencia familiar, salario mínimo, vacaciones, licencia por enfermedad y otros beneficios.

La Proposición 22 es un intento de las empresas basadas en aplicaciones de salir del marco de la ley estatal, pero la nueva encuesta muestra que no está funcionando, remarcan los oponentes.

“Después de gastar cantidades récord en televisión, radio y cualquier otra plataforma imaginable y disponible desde julio pasado, supongo que ‘más’ no siempre es ‘mejor’”, reflexionó Gale Kaufman, consultora en jefe de la campaña de oposición financiada por los trabajadores. “Ante una medida tal, que les quita los beneficios básicos y las protecciones a sus trabajadores, ni siquiera ellos mismos pueden ocultarlo”.

Las empresas basadas en aplicaciones argumentaron durante mucho tiempo que la AB 5 cambiaría su modelo de negocio y trataron de convencer a la Legislatura de California de que estableciera una exención que les hubiera permitido seguir tratando a sus trabajadores como contratistas independientes. Pero cuando el proyecto avanzó en la Legislatura y las conversaciones con los sindicatos cesaron, el año pasado, las compañías centraron su atención en la boleta electoral de 2020.

Las consultas con medidas electorales a menudo favorecen a la campaña con más dinero para pagar anuncios en televisión, servicios de transmisión, radio, correo y otros medios para llegar a los votantes.

No es inusual en California que las empresas lancen una iniciativa como método para convencer a sus oponentes en la Legislatura de que les den lo que quieren, o se arriesguen a emprender una costosa campaña electoral.

Uber, Lyft y DoorDash parecieron usar esa táctica en agosto de 2019, cuando comprometieron $90 millones para buscar una exención a la AB 5 a través de la iniciativa de votación. En ese momento, el director legal de Uber, Tony West, describió la medida electoral como un último recurso, mientras que las empresas basadas en aplicaciones continuaron buscando un alivio legislativo, que nunca se materializó.

El gobernador Gavin Newsom convirtió en ley el proyecto AB 5 hace un año, alegando que ayudaría a “reducir la clasificación errónea de los trabajadores -como ‘contratistas independientes’ en lugar de empleados-, lo cual erosiona las protecciones básicas de los trabajadores como el salario mínimo, los días de enfermedad pagados y beneficios de seguro de salud”.

Pero el estado alegó en una demanda de mayo que Uber y Lyft continuaron incumpliendo la ley y tratando a sus conductores como contratistas independientes. A medida que avanza el proceso judicial, Uber y Lyft amenazaron con cerrar temporalmente sus operaciones en California.

La Proposición 22 calificó para la boleta electoral de noviembre en mayo pasado y, hasta ahora, Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y Postmates son las únicas compañías que aportaron dinero a la campaña del ‘sí’, incluidos unos $70 millones, el 4 de septiembre pasado, que llevaron el total a más de $180 millones de dólares.

La medida pondría en práctica la exención de AB 5 que las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones están buscando. Las disposiciones de la propuesta también otorgarían algunos beneficios limitados a los trabajadores calificados, incluido el 120% del salario mínimo local por las horas que conducen, pero no por aquellas transcurridas en espera de pasajeros u órdenes, según un análisis de la Oficina del Analista Legislativo independiente.

La mayoría de los trabajadores son a tiempo parcial, pero aquellos que laboran más de 15 horas a la semana -un total también calculado por horas de conducción y sin incluir el tiempo entre pedidos o viajes- serían elegibles para un estipendio para el seguro médico.

Las empresas argumentan que sus conductores desean la flexibilidad que proporciona trabajar como contratistas independientes. Añaden que los choferes trabajan para varias empresas basadas en aplicaciones a la vez y eligen sus propios horarios, lo cual ya no se les permitiría hacer, a menos que las empresas estén exentas de la AB 5. “A medida que los votantes aprenden más sobre la Proposición 22 y los beneficios que se brindan, tanto a los conductores como a los clientes, vemos un apoyo creciente en todo el espectro político”, comentó Geoff Vetter, portavoz de la campaña “Sí a la 22”. “La proposición brinda esa independencia para los choferes, junto con nuevos beneficios históricos como una garantía de ingresos mínimos y atención médica, y salvará cientos de miles de trabajos de reparto y transporte compartido y los servicios en los que millones de usuarios confían”.

Aunque las empresas basadas en aplicaciones que impulsan la medida inundaron la televisión, los servicios de transmisión y la radio con avisos de conductores que apoyan la Proposición 22, muchos trabajadores también apoyaron la AB 5 y se oponen a la medida en la boleta electoral.

Los sindicatos, liderados por Service Employees International Union, United Food and Commercial Workers y Teamsters Union, recaudaron alrededor de $10 millones para su campaña de oposición.

Con un grupo integrado de trabajadores sindicalizados para realizar llamadas telefónicas y tocar puertas, los trabajadores organizados en California generalmente pueden dar una buena pelea contra las campañas con más dinero, pero la pandemia dificultó las reuniones para hacer cientos o miles de llamadas a votantes potenciales y creó nuevas preocupaciones sobre los contactos puerta a puerta.

A pesar de la posibilidad de gastar más de 18 a 1, los trabajadores esperan que el título y el resumen de la medida en la boleta -que señala explícitamente que las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones estarían exentas de brindar beneficios a los empleados- sean una bendición para su causa.

“Los votantes son inteligentes; cuando ven y entienden quién está detrás de esto y cuáles son sus motivaciones, de inmediato comprenden que se trata de corporaciones que buscan comprar una ley para seguir explotando a sus trabajadores”, aseveró Mike Roth, portavoz de la campaña “No a la Proposición 22”.

La encuesta de Berkeley encontró algunas diferencias clave entre los posibles votantes, con el 42% de los demócratas que se oponen a la Propuesta 22 en comparación con el 53% de los republicanos que la apoyan, y muchos aún indecisos.

Las opiniones parecían seguir las tendencias políticas en todo California. La oposición es más alta en el Área de la Bahía, donde el 42% de los votantes está en contra de eximir a las empresas de darle a sus trabajadores trato de empleados. En el condado de Orange, el 46% de los votantes probables apoya la medida. Los votantes más jóvenes están más inclinados a oponerse a la Proposición 22, mientras que los mayores muestran más probabilidades de respaldarla.

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