UC debe cesar inmediatamente el uso de las pruebas SAT y ACT para otorgar admisiones y becas, determinó un juez

La Universidad de California debe suspender inmediatamente todo uso de los puntajes de las pruebas SAT y ACT para las decisiones de admisión y becas, según una orden judicial preliminar emitida por un juez de la Corte Superior del Condado de Alameda.

El fallo se produjo en el marco de una demanda que afirma que el uso de puntajes de exámenes estandarizados está ampliamente sesgado y es particularmente perjudicial para los estudiantes con discapacidades que buscan tomar el examen durante la crisis del coronavirus.

El juez de la Corte Superior Brad Seligman destacó en su fallo del lunes que los demandantes habían demostrado motivos suficientes como para poner un alto a las pruebas por ahora, porque los aspirantes con discapacidades prácticamente no tienen acceso a los sitios de toma de pruebas o a las adaptaciones requeridas legalmente durante la pandemia de COVID-19.

“Las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidades se han agravado en gran medida por la epidemia de COVID-19, que interrumpió el funcionamiento de los lugares donde se toman los exámenes, cerró las escuelas y limitó el acceso a los consejeros escolares”, escribió Seligman.

Seligman agregó que existían pocos datos para mostrar si las pruebas eran incluso indicadores válidos o confiables de su futuro desempeño universitario, y estableció una conferencia de gestión de casos para el 29 de septiembre.

La orden judicial sobre el uso de los resultados del SAT y ACT afectará a todos los solicitantes de California al sistema de la UC.

“El SAT y el ACT están muertos y desterrados en lo que respecta al sistema de la UC”, remarcó Mark Rosenbaum, un abogado de Los Ángeles que ayudó a presentar la demanda como director del proyecto Opportunity Under Law de Public Counsel. La “decisión histórica pone fin a las pruebas racistas que privaron a innumerables estudiantes de color de California, alumnos con discapacidades y provenientes de familias de bajos ingresos, de una oportunidad justa de admisión al sistema”.

Rosenbaum agregó que él y su equipo se enfocaron solo en el sistema de la UC para manejar el caso de manera eficiente, pero que el razonamiento del tribunal debería aplicarse a todas las casas de altos estudios, tanto públicas como privadas, en todo el país. “Si otras universidades no lo hacen, iremos tras ellas también”, dijo, y añadió que consultará la cuestión con defensores de los derechos civiles y de las personas con discapacidad en otros estados.

En un comunicado emitido el martes, UC señaló que “discrepa respetuosamente” con la decisión de la corte y que evalúa emprender acciones legales adicionales.

“Una orden judicial puede interferir con los esfuerzos de la universidad para implementar políticas de admisión adecuadas e integrales y su capacidad para atraer e inscribir a estudiantes de diversos orígenes y experiencias”, remarcó el comunicado.

Los funcionarios del SAT no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, pero han argumentado durante mucho tiempo que sus pruebas no son discriminatorias y que proporcionan un criterio uniforme y útil para evaluar a los candidatos de diferentes escuelas y estados.

Los funcionarios de ACT afirmaron que ofrecieron adaptaciones a los estudiantes con discapacidades y que están comprometidos a “garantizar el acceso a nuestra evaluación para ellos, a pesar de las dificultades que ha presentado el COVID-19 a nivel mundial”.

A principios de este año, la Junta de Regentes de la UC votó de forma unánime para eliminar gradualmente los puntajes de las pruebas estandarizadas en las decisiones de admisión después de concluir que éstas tenían un sesgo inaceptable según la raza, los ingresos y el nivel de educación de los padres y no brindaban información útil sobre cómo les iría a los estudiantes en la universidad. Los regentes votaron que las pruebas sean opcionales este año y el próximo, para luego eliminarlas gradualmente, pero aún así permitirían su uso para decisiones de becas. Los regentes también dieron a los campus la flexibilidad de elegir eliminarlas de inmediato en lugar de continuar considerándolas de manera opcional hasta 2022.

UC Berkeley, UC Irvine y UC Santa Cruz ya han decidido eliminar por completo los requisitos de las pruebas SAT y ACT. La mayoría de los otros cinco campus universitarios del sistema, incluida la UCLA, habían planeado considerar los puntajes de los aspirantes que optaran por enviarlos. Los campus de la UC comenzarán a aceptar solicitudes de admisión al año académico 2021-2022 el 1º de noviembre próximo.

“Los funcionarios de admisiones de la universidad y el profesorado están en la mejor posición para determinar las decisiones y los procedimientos apropiados, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades individuales de un campus en particular”, destacó el comunicado de la UC.

La demanda fue presentada por varios estudiantes de preparatoria y organizaciones sin fines de lucro, incluidos Community Coalition, Dolores Huerta Foundation, College Seekers, Chinese for Affirmative Action, College Access y Little Manila Rising. Un demandante, identificado solo como Gary W., fue descrito en el fallo como un recién graduado de la preparatoria, con discapacidades de aprendizaje, que había completado todos los requisitos previos de admisión a la UC (que incluyen varios cursos de preparación universitaria). Pero el joven enfrentó “barreras formidables”, según dice el fallo, para tomar el SAT y finalmente no pudo hacerlo, lo cual provocó su decisión de no solicitar la admisión a la UC este año.

Algunas adaptaciones, como Braille y exámenes en letra grande, contar con un 100% de tiempo adicional para los exámenes y computadoras para aquellos que no pueden escribir ensayos a mano, solo están disponibles en los centros de las escuelas preparatorias, pero fueron cerrados durante la crisis del coronavirus, explicó Abigail Graber, abogada de Brown, Goldstein & Levy, una firma legal de Baltimore que representa a los demandantes. La legista añadió que los estudiantes tampoco pudieron obtener la documentación necesaria de sus discapacidades porque no pueden, en el transcurso de la pandemia, reunirse con los consejeros y psicólogos de preparatoria para las evaluaciones.

En su propia presentación, la universidad argumentó que los campus deberían tener la flexibilidad de usar las pruebas opcionales permitidas este año y el próximo para que todos los candidatos puedan mostrar sus fortalezas, que podrían ser los puntajes de las pruebas para algunos estudiantes desfavorecidos, incluidos aquellos con discapacidades.

Los aspirantes que se desempeñen bien en las pruebas estandarizadas, por ejemplo, podrían usar sus puntajes para compensar calificaciones más bajas o completar menos cursos de honores o cursos AP.

Los funcionarios de la UC también argumentaron que una decisión era prematura porque el lapso de solicitud para el otoño de 2021 no se abrirá hasta noviembre, y la mayoría de los campus aún no han finalizado su proceso de admisión. Por lo tanto, argumentó UC, ningún aspirante ha demostrado aún ningún daño sufrido.

Seligman, sin embargo, rechazó esas afirmaciones. Estuvo de acuerdo con la UC en que aún no existen datos que muestren que los estudiantes con discapacidades hayan sido perjudicados. Pero señaló que varios campus planean dar a todos los solicitantes una primera revisión basada en otros factores, distintos a los puntajes de las pruebas, y luego proporcionar una segunda revisión con las puntuaciones para aquellos que las tengan. A la mayoría, si no a todos, los estudiantes con discapacidades se les negaría el beneficio de la segunda revisión, dijo, ya que las posibilidades de poder tomar el SAT o ACT con o sin adaptaciones durante la pandemia son “casi nulas”.

“En resumen, a los aspirantes con discapacidades se les niega el acceso significativo a la ‘ayuda, beneficio o servicio’ que tienen los examinados”, escribió Seligman. “Se les niega una posible segunda oportunidad de admisión”.

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