El consumo legal de marihuana sigue costándole el empleo a mucha gente

SACRAMENTO —  Los votantes de California legalizaron la marihuana en 2016. Pero para muchos que buscan trabajo en el gobierno estatal, el consumo de cannabis se ha convertido en un obstáculo de la contratación.

Ahora, un aumento en el número de solicitantes de empleo que fueron descalificados por las agencias estatales por no haber aprobado las pruebas de uso de marihuana desató un llamamiento en pos de una nueva legislación, y un debate sobre una posible flexibilización de las reglas laborales debido a la aceptación generalizada de la droga.

La cantidad de solicitantes a puestos de oficiales correccionales estatales que fueron descalificados después de dar positivo en el análisis de cannabis aumentó más del doble, de 503 en 2015 -el año anterior a la legalización- a 1.053 en 2018. En 2019, 813 aplicantes a guardia de prisión fueron descalificados por dar positivo.

Como también en el sector privado de California cada vez más solicitantes fallan en los análisis de marihuana y son descalificados, los defensores de la legalización de la sustancia, incluido un legislador, piden ahora al estado que modifique las leyes laborales.

“No creo que [la prohibición del consumo de cannabis] sea justa o necesaria para tener un lugar de trabajo seguro”, consideró Ellen Komp de California NORML, que apoyó la Propuesta 64, la iniciativa de legalización de 2016. “Nuestra posición es que las personas pueden consumir marihuana legal y responsablemente fuera de su empleo, siempre y cuando no se presenten con problemas ni la utilicen en el trabajo”.

El asambleísta Rob Bonta (D-Alameda) dio un primer paso para abordar el problema y presentó el viernes una legislación que exigiría a los empleadores de los sectores público y privado aceptar a los trabajadores y solicitantes de empleo que consumen marihuana con fines médicos, una instancia legalizada en California en 1996. “Ser discriminado por su empleador por el tipo de medicamento que se usa es inhumano y equivocado”, aseveró Bonta. “El cannabis medicinal, si es recomendado por un doctor, debe tener un tratamiento razonable, similar a todos los medicamentos recetados”.

El proyecto de ley de Bonta no se aplicaría a los trabajadores “sensibles a la seguridad”, que la ley federal exige que estén libres de drogas, incluidos los pilotos de líneas aéreas, los oficiales de policía y los conductores de camiones, ni cubriría a los empleadores con contratistas federales que deben mantener los lugares de trabajo libres de drogas.

El legislador señaló que otros 16 estados, incluidos Arizona, Nueva York e Illinois, ya han adoptado protecciones laborales similares a las que él propone ahora.

Pero los opositores a la Proposición 64 afirman que la ley no debería flexibilizarse, dado que se predijo un aumento en las pruebas positivas por drogas en el lugar de trabajo después de la legalización. “El uso generalizado y regular de la marihuana fue promovido esencialmente por nuestro gobierno estatal”, expresó Kevin Sabet, presidente del grupo nacional Smart Approaches to Marijuana. “Nos estamos moviendo muy rápido hacia la aceptación total del estar drogado, sin comprender las implicaciones [que ello tiene] para la seguridad pública”.

La Propuesta 64 permite que los empleadores públicos y privados sigan obligando a sus empleados a trabajar en el marco de un sitio libre de drogas, y les permita despedir a aquellos que no cumplan con estas políticas.

“La Proposición 64 no brindó ninguna protección para el uso de la marihuana en el contexto laboral”, señaló Tamar Todd, profesor de leyes sobre la marihuana en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y vicepresidente del Comité Asesor de Cannabis de California. “Las personas aún pueden ser sometidas a pruebas de drogas y disciplinadas en función de un resultado positivo, incluso si consumen de conformidad con la ley estatal, no lo hacen en el trabajo y no tienen otros problemas en sus empleos”.

Las pruebas son necesarias en parte porque los usuarios de marihuana tienen más probabilidades de lesionarse en el trabajo, afirmó Scott Chipman, un residente de California que es vicepresidente de Americans Against Legalizing Marijuana.

Según un estudio publicado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, los empleados que dieron positivo en exámenes de marihuana tuvieron un 55% más de accidentes industriales, un 85% más de lesiones y un 75% más de ausentismo en comparación con aquellos con resultados negativos. “Hay muchas razones de seguridad laboral y pública para descalificar a los solicitantes que dan positivo”, agregó Chipman. “No hay motivos para flexibilizar las normas actuales”.

A nivel nacional, la tasa de pruebas positivas de drogas en las fuerzas laborales del sector público y privado alcanzó su máximo en catorce años en 2018 -el último año con estadísticas-, cuando llegó al 4.4% para todas las drogas, según un estudio de Quest Diagnostics, basado en 10 millones de análisis procesados.

El porcentaje de empleados y solicitantes de empleo que no tenían trabajos sensibles a la seguridad y dieron positivo a la marihuana en California aumentó de 2.3% en el año anterior a la Propuesta 64 a 3.1% en 2018, una cifra más alta que la tasa nacional de 2.8%, según el análisis.

Las pruebas positivas de marihuana también están escalando en otros estados que legalizaron su uso recreativo, advirtió Barry Sample, director sénior de ciencia y tecnología de Quest Diagnostics. “La marihuana no sólo está presente en nuestra fuerza laboral, sino que el uso sigue aumentando”, indicó. “A medida que cambia la política al respecto, y los empleadores consideran estrategias para proteger a sus empleados, clientes y al público en general, los empleadores deben sopesar los riesgos que el consumo de drogas, incluida la marihuana, representa para sus negocios”.

La Cámara de Comercio de California generalmente se opone a restringir la libertad de las empresas para realizar pruebas de drogas antes de una contratación. “Permitir el uso de estupefacientes en el lugar de trabajo -incluso exigir a un empleador que acepte el uso de marihuana de un empleado- podría poner en peligro la seguridad de otros trabajadores y del público”, señaló la Cámara en un comunicado este mes.

Las empresas con contratos federales son obligadas a mantener los lugares de trabajo libres de drogas, añadió por su parte Robert Moutrie, defensor de políticas de la Cámara.

Richard Miller se encuentra entre los usuarios de marihuana medicinal que desean más protecciones para los trabajadores. Miller fue ejecutivo en la industria editorial antes de comenzar a usar marihuana medicinal para tratar las lesiones sufridas en un accidente de tránsito, y testificó en una audiencia reciente del comité del Senado estatal. Incluso después de recuperarse lo suficiente como para regresar al trabajo, le dijeron que no podía retomar su empleo y se vio obligado a buscar trabajo en la industria del cannabis, donde ganaba $35.000 al año, un gran recorte salarial en comparación con su antiguo sueldo de seis cifras, detalló. “Mis superiores no me permitieron volver a trabajar porque usaba cannabis medicinal y teníamos contratos federales”, le dijo Miller a los legisladores. “Esto realmente ha destruido mi vida”.

Muchos trabajadores estatales no están sujetos a pruebas de drogas cuando solicitan un empleo, pero tales exámenes son obligatorios para ciertos empleados en 25 agencias, incluyendo Caltrans, donde las normas federales de seguridad vial se aplican a los conductores de camiones y operadores de maquinarias pesadas. Caltrans notó un ligero incremento en el número de solicitantes descalificados debido al uso de marihuana en el último bienio, en comparación con los dos años anteriores a la Propuesta 64. “Los errores de juicio, la falta de atención o la disminución de la coordinación, que podrían causar lesiones graves a otros, son factores clave que se tienen en cuenta”, detalló Alisa Becerra, portavoz de Caltrans, con respecto a la política de pruebas de drogas de la agencia.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) tampoco planea suavizar los requisitos de los exámenes de drogas para quienes desean ser oficiales correccionales, según la portavoz Dana Simas. “El CDCR busca sólo a los candidatos a oficiales correccionales más calificados, que ejemplifiquen nuestros estándares profesionales y código de conducta”, explicó. “Una prueba positiva de cannabis indica un uso reciente y, como agencia de aplicación de la ley pública, mantenemos un ambiente de trabajo libre de drogas”.

Los solicitantes de empleos de la agencia deben someterse a una prueba de orina, y también se les pregunta durante una entrevista cuándo usaron marihuana por última vez. Si un candidato es descalificado, puede volver a solicitar el empleo después de seis meses, añadió Simas.

El THC, el ingrediente activo del cannabis, puede permanecer en el cuerpo y aparecer en las pruebas hasta 30 días después de su uso.

Debido a que la marihuana sigue siendo una droga ilegal para la ley federal, es poco probable que las restricciones de Washington sobre su uso en el lugar de trabajo cambien pronto, consideran las autoridades estatales.

“El público necesita una educación adecuada acerca de los peligros de esta droga, ya que su uso puede tener un impacto negativo a nivel físico, mental y afectar potencialmente el empleo”, expuso Chipman. “El estado está abandonado en su responsabilidad en este sentido”.

En tanto, Komp, de NORML, quiere que la Legislatura vaya más allá del proyecto de ley de Bonta y pida a los legisladores que también prohíban las pruebas de orina para detectar cannabis en controles de drogas aleatorios o previos al empleo en el sector público y privado, excepto cuando lo exija la ley federal. La norma actual es insostenible, consideró. “El resultado es la discriminación injusta de los trabajadores calificados, a quienes se les niega el tratamiento médico con marihuana y, a menudo, se les obliga a depender de los opiáceos y otras drogas más peligrosas”, explicó Komp.

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