Los Ángeles PAGARÁ defensa de indocumentados ante amenazas de Trump

Los Ángeles —  Autoridades locales de Los Ángeles anunciaron una iniciativa para establecer un fondo de ayuda legal de diez millones de dólares para la defensa de los indocumentados que enfrenten una deportación durante el gobierno del presidente electo, Donald Trump.

“Las personas que han construido sus vidas en Estados Unidos tienen derechos y merecen todas las protecciones que ofrece nuestro sistema legal”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti al anunciar esta alianza.

“El Fondo de Justicia de L.A. llegará a personas que son estadounidenses por cada medida excepto por los papeles que portan, miembros de nuestra familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Ellos son parte de nuestra comunidad y lucharemos por ellos”, agregó el alcalde al explicar la iniciativa.

El fondo es una alianza entre la ciudad de Los Ángeles, el condado de L.A., la Fundación de la Comunidad de California, la Fundación Weingart y California Endowment.

El aporte provendrá de 5 millones de fondos de los gobiernos locales, mientras que la otra mitad procederá de las fundaciones privadas.

“Debemos aumentar nuestros esfuerzos para ofrecer representación legal a los residentes inmigrantes que necesitan un abogado pero no pueden pagarlo”, argumentó la supervisora del condado, la hispana Hilda Solís.

“Construir alianzas público-privadas entre el condado de Los Ángeles, la ciudad Los Ángeles y organizaciones filantrópicas será absolutamente crucial como pioneros de este esfuerzo”, agregó.

La Junta de Supervisores de Los Ángeles tiene previsto estudiar el aporte de, al menos, un millón de dólares para financiar los procesos legales de los indocumentados

El concejal Gil Cedillo, representante del primer distrito, destacó la iniciativa como un modelo para resolver amenazas futuras.

“Esta cooperación multisectorial e intergubernamental servirá como una guía para resolver futuros desafíos sociales”, afirmó Cedillo.

“Unidos estaremos mejor preparados para responderle a Trump y darle a nuestros constituyentes un sentido de alivio al saber que estamos peleando por ellos”, aseguró el político hispano.

El fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, igualmente respaldó la iniciativa en favor de los indocumentados.

“Un sistema jurídico justo debe ofrecer a los inmigrantes que enfrentan la deportación -incluyendo niños y familias que tratan de alcanzar sus esperanzas y sueños- con abogados para proteger sus derechos”, afirmó Feuer.

El fiscal argumentó que este fondo evitará además que el fraude: “En este clima de miedo es crucial que los inmigrantes acudan a abogados legítimos para que no sean víctimas de estafadores que se aprovechan de su vulnerabilidad”.

Las autoridades angelinas se alinearon así con los legisladores estatales que a inicios de diciembre anunciaron una “lucha frontal” contra las posibles medidas de deportación de Trump, que hizo de la inmigración uno de los ejes de la campaña electoral, durante la cual prometió además levantar un muro en la frontera con México.

En su sesión inaugural, el presidente encargado del Senado, Kevin de León, y el presidente de la Cámara, Anthony Rendón, aseguraron que utilizarán su poder político y legislativo para luchar contra las masivas deportaciones anunciadas por Trump.

Igualmente varios legisladores presentaron proyectos de ley para pagar por los abogados de los indocumentados, oponerse a la construcción del muro fronterizo y prohibir a las agencias estatales que den cierta información de los inmigrantes al Gobierno federal, entre otros.

Fuentes oficiales calculan que en el área del Gran Los Ángeles hay 3.700 inmigrantes detenidos que no tienen representación legal, y miles más se agregarían en caso de que las autoridades intensificaran la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El condado de Los Ángeles tiene el mayor número de indocumentados del estado, con cerca de 815.000, según un cálculo del Instituto de Política Pública de California, que estima en 2.1 millones el total de indocumentados en la región.

“En este momento, el paso más importante que podemos dar es establecer este fondo de ayuda legal, de manera que nuestras comunidades más vulnerables sepan que estamos trabajando para mantenerlas seguras y protegidas”, afirmó Solís.