Gobernador California veta ley que prohíbe centros de detención de privados

LOS ANGELES/EFE —  El gobernador de California, Jerry Brown, vetó hoy una ley que prohibía que las ciudades y los condados contraten la operación de centros de detención de inmigrantes con empresas privadas con fines de lucro.

En explicación del veto, Brown argumentó que el tema está siendo discutido a nivel federal y manifestó su preocupación por la información recibida sobre las condiciones de los detenidos y la falta de acceso a consejería, por eso pidió a las autoridades federales “actuar con rapidez”.

“He estado preocupado por recientes reportes que detallan condiciones insatisfactorias y acceso limitado a la consejería en las instalaciones privadas de detención de inmigración”, manifestó Brown en su veto.

Sin embargo, el gobernador señaló que el Departamento de Seguridad Nacional, “está considerando si los contratos privados deben continuar para la detención de inmigrantes y si es así, bajo qué condiciones”.

El promotor de la ley, el senador de Bell Gardens, el demócrata Ricardo Lara, manifestó su descontento por la decisión del gobernador de no firmar la ley, y acudió igualmente a la administración federal.

“Es mi más sincera esperanza que la administración Obama llegue a la misma conclusión que yo y decida tomar medidas significativas para acabar de una vez con todas con estos centros de detención de inmigrantes con fines de lucro”, señaló Lara en un comunicado.

Según la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), el 73 por ciento de las aproximadamente 34.000 personas detenidas en centros de inmigración a lo largo del país, están bajo la custodia de compañías privadas.

Actualmente en California, cerca de 3.700 inmigrantes detenidos -equivalente al 85 por ciento del total- se encuentran en cuatro centros particulares de detención, siendo el más grande el de Adelanto al noroeste de Los Ángeles, con capacidad para 1.940 detenidos y administrado por la entidad privada Grupo CEO.

Diferentes organizaciones defensoras de los inmigrantes y de los derechos civiles llevan una campaña pidiendo el cierre de Adelanto.