Oficiales del sheriff y policías pudieran estar vendiendo armas ilegalmente, según la ATF

LOS ANGELES TIMES —  El jefe de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en Los Ángeles envió un memorando a los jefes de policía y sheriffs del sur de California donde informó que la agencia descubrió que algunos agentes del orden compran y revenden armas, una violación de las leyes federales de armas de fuego.

La comunicación, enviada por Eric Harden, agente especial de la División de Campo de Los Ángeles de la ATF, perteneciente al gobierno federal, describe los hallazgos como “un problema emergente” y expresa preocupación “por la creciente participación de los agentes del orden en el negocio del tráfico de armas de fuego sin licencia”.

Si bien no se informó cuántos oficiales han sido detectados con ese comportamiento, el memorando del 31 de marzo sostiene que algunos oficiales habrían comprado más de 100 armas, algunas de las cuales habían sido recuperadas en escenas de crímenes.

Pero Harden escribió que el objetivo es “educar, no investigar, para asegurar que los agentes cumplan con las leyes federales y evitarles la innecesaria vergüenza pública, a ellos y a su departamento o agencia”. El memorando se centra en la compra y reventa de armas de fuego “fuera de registro”; se trata de armas que no están en la lista de modelos aprobados para su venta al público.

La ley de California que establece ese registro tiene una exención que permite a los oficiales de paz comprar tales armas, y otra adicional que les permite revenderlas bajo ciertas condiciones. Pero si los oficiales compran y revenden con fines de lucro o como negocio, necesitan una licencia federal de armas de fuego, o FFL (por sus siglas en inglés).

La falta de licencia es la conducta que la ATF ha descubierto, y es el tema clave de la comunicación. La conducta equivale a una violación de la ley federal, remarca el escrito. Además, si se compra un arma con la intención de venderla o en nombre de otra persona -conocido como ‘compra por parte de testaferro’-, y eso no es revelado en los registros de transacciones federales, tal conducta también viola la ley federal por mentir en un registro de armas. La venta sin licencia puede llevar una pena máxima de cinco años de prisión; en tanto, mentir en un formulario federal posee una pena máxima de 10 años.

No queda claro cuándo la ATF descubrió los problemas o qué provocó el memorando específicamente. Ginger Colbrun, vocera de la oficina de L.A. de la ATF, señaló que la agencia notó que algunas armas de fuego recuperadas en escenas del crimen habían sido compradas en los últimos tres años. Esa medida de “tiempo para delinquir” desarrollada por la ATF muestra el período desde el momento en que un arma es vendida por un distribuidor autorizado hasta cuando es recuperada por la policía durante una investigación criminal. El promedio nacional es de 10 años. Un período más corto puede indicar que la pistola fue comprada por un testaferro, quien la adquirió para venderla rápidamente.

Después de detectar la tendencia en los informes rutinarios de rastreo, la agencia comenzó a investigar con más detalle, explicó Colbrun. “Después de una indagación más profunda, la ATF notó que algunos agentes habían hecho compras significativas de armas de fuego”, afirmó, aunque declinó ser más específica alegando la investigación en curso.

Colbrun resaltó que el memorando, en cuyo encabezado se lee: “Estimado colega agente del orden”, no indicó que los oficiales que podrían estar violando las leyes federales recibirán un tratamiento especial. “No hay consideración adicional”, señaló. “Creemos que la manera más efectiva de detener el comportamiento es educar a las fuerzas acerca de las leyes”.

La Asociación de Jefes de Policía de California, que representa a jefes y sheriffs de todo el estado, reenvió vía email el memorando a todos sus miembros esta semana. También fue dirigido a las agencias locales.

Las acusaciones federales de agentes estatales del orden por vender armas fuera de registro son inusuales. La más reciente ocurrió en el condado de Sacramento, cuando el exagente del sheriff Ryan McGowan fue declarado culpable en junio de 2015 por vender armas ilegalmente y falsificar registros federales para hacerlo.

Los fiscales señalaron que McGowan vendió 25 armas a precio excesivo entre 2008 y 2011. El exagente también trabajaba con una tienda con licencia de armas, para eludir aún más la ley federal. Uno de sus compradores convirtió dos armas en rifles y se involucró más tarde en un enfrentamiento que se prolongó por seis horas con un equipo SWAT. Fue sentenciado en junio a 18 meses de prisión.

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Traducción: Valeria Agis